El 15 de marzo del 2020, mientras los altos postes de luz atenuaban la oscuridad de las calles del país, el presidente del Perú anunció el estado de emergencia en todos los confines del territorio nacional para impedir la  propagación masiva del SARS-CoV-2 en el país. Así, las debilidades del sistema de salud peruano quedaron en evidencia, y la crisis sanitaria desde entonces no ha hecho otra cosa más que acentuarse.

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Bajo esas condiciones, la agricultura familiar permaneció firme y no ha dejado de trabajar la tierra ni un minuto para darle de comer a los suyos y a los nuestros. Es esta agricultura, la del pequeño productor, la que provee más del 70 % del alimento que llega a las mesas de todo el país [1]. Sin embargo, la ausencia de políticas, planes, programas articulados y leyes favorables para el sector, condicionan en demasía su desarrollo.

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El aislamiento social obligatorio ha suscitado más problemas de los que normalmente se preocupan. El traslado de personal para actividades que requieren mano de obra numerosa se volvió más difícil, y en ocasiones, imposible. Pues algunas comunidades impiden el paso de trabajadores externos por temor al contagio. El temor es el mismo en los conductores, ya que deben transportar en sus camiones cargas de productos, cuyo destino principal es Lima, la región que presenta más casos confirmados de esta enfermedad.

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A todo esto debemos sumarle la baja demanda que tienen diversidad de productos a causa del cierre temporal de los restaurantes, afectando así el precio de las cosechas, algo que no es novedad para ellos, ya que en sus propias palabras [2] “su producción no tiene un valor real”. Lucinda Quispe Ayala, representante de la Federación Agraria Región Junín (FAREJ), declaró dicha línea alude a las diferencias abismales entre el precio que se les paga en el campo y el que encuentran en los mercados. Su trabajo, tiempo y dedicación a los cultivos es comprado por céntimos y vendido después por soles.