Todos los medios de comunicación describen la paradójica situación de Perú, que, a pesar de poner a sus ciudadanos en cuarentena total sin demora, es actualmente el segundo país con más casos en la región latinoamericana. La BBC menciona cinco factores como explicación: la informalidad, la ineficiente logística para abastecerse, la gran aglomeración en los mercados, las largas colas en los bancos y el hacinamiento en casa [1].

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¿Habrá algún otro factor, no indicado, que también haya influido? Sin duda alguna, en este espacio proponemos a la corrupción como otro gran factor que intervino en el desarrollo del coronavirus en Perú.

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La noche del viernes 24 de abril, sorpresivamente, el premier Vicente Zeballos anunció la renuncia del general Carlos Morán al cargo de ministro del Interior por motivos personales [2]. Durante la pandemia, en el Ministerio de Salud ya había tenido un cambio de autoridades, puesto que la exministra de Salud aclaró que su especialidad no era la Salud Pública y que el contexto demandaba un experto en esa área: políticas en Salud Pública [3]. Pero, todavía sigue una pregunta: ¿por qué renunció Morán?

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Rosa María Palacios [4] en su columna para La República escribió: “¿Nos podrían explicar la sorpresiva renuncia del ministro Morán? Circula un file con imputaciones graves de corrupción en la compra de equipo de protección para la Policía Nacional, ¿son ciertas estas imputaciones? ¿Esa es la razón de su renuncia? ¿Es responsable político del contagio de efectivos policiales que han estado inadecuadamente protegidos? ¿Por qué hay muchos más contagiados en las fuerzas policiales que en las Fuerzas Armadas si ambas patrullan las calles?”

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El contexto de la renuncia coincide con los escándalos de corrupción. Al finalizar el primer mes de cuarentena se había reportado más de cien casos [5]. Como las compras de comida para los policías a la empresa Emotion Group Perú; 22 000 raciones fueron adquiridos a 1 914 000 soles, es decir, a 87 soles la unidad. Irónicamente, esta empresa a la que se compró los alimentos se dedica, en realidad, a la venta de neumáticos y repuestos de vehículos. Aun así, obtuvo el contrato por 10 millones de soles sin licitación [6]. También coincide con el descontento al interior de la institución policial. Muchos policías se contagiaron por la falta de abastecimiento de material adecuado, que empeoró por la mala atención en los hospitales de la Policía [7].

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El mismo día que se anunció la renuncia de Morán, se juramentó un nuevo ministro del Interior: Gastón Rodríguez [8] como un intento de devolver la tranquilidad a ese sector. De los 80 000 efectivos destinados para labores de patrullaje y el cumplimiento de la inmovilización social obligatoria, menos de 69 000 continúan trabajando. El proyecto propuesto por el Comando de la Policía para frenar los contagios consistía en la elusión  de los efectivos abocados al patrullaje al contacto con las personas, además la disminución de intervenciones para evitar que los infractores terminen en las comisarías. “No es cobardía. Es supervivencia. Si nuestros jefes no nos cuidan, ¿quién lo va a hacer?”, se pregunta un agente de la Región Policial de Lima [9].

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Con los policías imposibilitados, por las circunstancias, de poder vigilar a la población de manera adecuada durante la cuarentena, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cómo se iba a controlar las aglomeraciones? ¿Cómo se iba a controlar quién tenía los permisos necesarios para desplazarse? Y, para finalizar, ¿cómo se iba a hacer respetar la cuarentena y evitar el distanciamiento social?

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Con el paso del tiempo, muchas de las familias que ya no tenían ningún ingreso se vieron obligadas a buscar formas de conseguir algún ingreso, en otras palabras, comenzaron a salir a trabajar de manera informal. Una de las medidas que tomó el gobierno consistió en destinar fondos a los municipios para que ellos mismos se encarguen de distribuir canastas a las poblaciones más vulnerables; sin embargo, la dosis de corrupción no podía faltar.

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El diario Gestión publicó lo siguiente: “El contralor general de la República, Nelson Shack, informó que la Controlaría detectó que más de 1100 funcionarios y servidores públicos que fueron beneficiados con la entrega de canastas básicas de víveres que estaban dirigidas a familias vulnerables para ayudarlos a afrontar la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus (Covid-19)”, donde algunos de estos funcionarios ganan más de 8000 soles al mes [10].

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Mucha gente ya no recibe ingresos y el mayor temor que tienen es morir de hambre que de coronavirus, ¿qué se podía esperar?... ¿una ayuda que nunca iba a llegar? 

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Evidentemente no. En fin, nuevas medidas se tendrán que tomar. Solo el gobierno puede evitar que esta tormenta termine en catástrofe; al menos, moralmente debe tratar de amortiguar el impacto. Como dice Alberto Vergara [11], “[…] Es la humillación de la derrota indigna. Del coronavirus también vamos a salir derrotados […] Pero que sea una derrota digna para poder alzar un Perú mejor […] ojalá podamos recordar esta derrota como aquella que sufrimos con Francia el 2018 y no como aquella otra con Argentina en 1978”.