Con los años, hemos aprendido que la planificación familiar es un derecho y las principales herramientas son los métodos anticonceptivos. En las campañas de planificación nos dicen que son realmente necesarios y que podemos costearlos o pedirlos en un puesto de salud público. Siempre al alcance porque —como repito— es un derecho.

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Sin embargo, con el colapso actual del sistema de salud, nos queda la enseñanza de que no siempre estarán disponibles. ¿Por qué? Para algunos gobiernos, como el nuestro, los servicios de salud sexual y reproductiva no son considerados esenciales y que deban mantenerse durante la crisis [1].

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En efecto, según las estimaciones de las Naciones Unidas, esta situación es preocupante porque 5,4 millones de mujeres en todo el mundo serán desprovistas de anticonceptivos que abastece el sector público (acorde a la disponibilidad actual de cada país) [1].

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Ahora bien, ¿qué tan alarmante es la coyuntura en el Perú?

Antes de la pandemia, los métodos anticonceptivos modernos solo llegaban al 54 % de la población peruana. El 54.2 % de ellos se abastecía mediante el sector público (en mayor parte del MINSA) [2]. Promedio que se mantiene desde hace 20 años según Elena Zúñiga, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú [3].

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Es necesario destacar que el MINSA se ha esforzado por promover la planificación familiar. En especial, durante la campaña del 2019 cuando fomentaron métodos como: el implante, la inyección y la vasectomía (para hombres). Este énfasis es a consecuencia de la alta tasa de embarazos no planificados que asciende a 52 % cuando el promedio mundial es 40 % [3].

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